Discapacidad

Educación "inclusiva" en colegios secundarios de CABA: El lado B de la sociedad que aún excluye

A las 8 de la mañana Hernando se pone el delantal para empezar a trabajar en la verdulería del supermercado Disco de Almagro. Mientras va acomodando las verduras frescas, atiende a los clientes que comienzan a llegar. Tiene 53 años y síndrome de Down.

Intenta limpiar los estantes todas las mañanas, pero su baja estatura se lo impide. Usa una remera de Enanitos Verdes gastada. Tiene un jean azul chupin, con manchas. Siempre pone la radio, sintoniza la FM 102.3 Aspen para recibir a los proveedores. Tiene ojos oscuros muy chiquitos, pero ve mejor que cualquiera.

Cuando cumplió 13 años, su familia decidió enviarlo a un instituto para personas con discapacidad intelectual. Cuarenta años después, el sistema educativo sigue limitando a personas con discapacidad a cualquier posibilidad de acceso a un aprendizaje como el de la mayoría de los argentinos.

En el año 2019, se estableció bajo la RESOLUCIÓN N° 4513 las directrices y procedimientos para la elaboración e implementación del Proyecto Pedagógico Individual (PPI) frente al aumento de casos con discapacidad.

Esta iniciativa parte de una pedagogía centrada en las diferencias. Es una planificación donde el equipo docente junto con la familia, el alumno y luego aprobado por el Ministerio de Educación determinan los propósitos, contenidos y objetivos a dar frente a un alumno que presente algunas dificultades cognitivas o un certificado de discapacidad. Es una hoja de ajuste que puede ir cambiando dependiendo de las capacidades del alumno (tras una revisión anual), es decir, si logra incorporar el contenido o no. Con esta planificación se deberían eliminar las barreras que impiden el aprendizaje.

La psicóloga María Constanza Bergalli trabaja en el colegio secundario "Divina Pastora" en Mataderos, Capital Federal. Declara con respecto al plan lo siguiente: "El PPI no afecta al plan de estudio general del curso. Es un ajuste que se hace a la planificación general. Es un ajuste específico para que ese alumno pueda ser evaluado en base a sus fortalezas. Es una manera de resguardarlo".

Sin embargo, dos problemas se desarrollan a partir de dicha metodología de acuerdo con los testimonios. Por un lado, se comprobó que los docentes tienen inconvenientes al momento de formular el plan. Sea por conflictos laborales en el modo de planificar entre el docente y el equipo pedagógico, o por la extensa cantidad de planes que el profesor tiene que ejecutar; debido a la enorme demanda de alumnos que presentan esta dificultad. La asesora de la Resolución 311, Claudia Sarrica, menciona que varias veces los docentes le han dicho "Esto no es para mí; no me prepararon para esto; me siento solo".

Hernando se resistía. Quería seguir con sus amigos de la primaria pero su discapacidad lo marginaba. No valían sus lágrimas, ni sus gritos eufóricos, el sistema educativo lo separó de lo que más quería: sus pequeñas relaciones, en pos de mantener el modelo. Los problemas no cambiaron, pero las soluciones aparecieron, en la actualidad la inclusión se impulsó enormemente gracias a planes como el PPI. La distancia se recortó, y el aprendizaje integró a más alumnos con distintas capacidades.

Para Mariela Mula, terapista ocupacional y docente en la Escuela Especial 517 en Virrey del Pino, el PPI es una herramienta efectiva a la hora de incluir a los estudiantes. Sin embargo, presenta limitaciones que todavía no fueron resueltas. El plan no contempla una articulación con una posible salida laboral de los alumnos, la profesional admite que este problema crece día a día, ya sea por la inestabilidad económica del pais, o por la discriminación que ejercen las empresas para contratarlos. Según el Informe Ejecutivo de noviembre de 2023 del Registro Nacional de Personas con Discapacidad (ANDIS), en Argentina hay 1.680.723 personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, lo que representa el 3,65% de la población nacional. De ese total, solo 165.862 personas con CUD trabajan, mientras que 1.154.754 están desempleadas, lo que equivale a una tasa de desempleo del 87,4% entre personas con discapacidad mayores de 14 años.

"Hernando nunca pudo aprender en una escuela común. Cuando lo queríamos inscribir en un secundario de CABA, las autoridades nos negaban el ingreso. Junto con mi madre, lo mandamos a una escuela para chicos 'especiales'. Ahí pudo aprender, de manera acotada, algunos saberes básicos", menciona Natalia, hermana de Hernando.

Según los testimonios, esta metodología también presenta al menos dos problemas importantes. Jorge Bach, profesor de la escuela secundaria Calasancio Divina Pastora en Mataderos, señala que existe un conflicto de fondo en la forma en que se concibe la educación. A su entender, el enfoque debería estar puesto en la formación integral del estudiante, no solo en que apruebe materias. Sin embargo, en la práctica cotidiana, se observa que muchas veces el objetivo principal parece ser simplemente que los alumnos pasen de año, aunque no aprendan, priorizando la resolución de cuestiones administrativas o económicas por encima del proceso pedagógico. Esto, en algunos casos, termina por desacreditar la tarea docente y vaciar de sentido el rol de la escuela.

El dilema que presentaba Natalia persiste hasta la actualidad. Si bien, según el INDEC, el 93,3% del alumnado con discapacidad asiste a la escuela primaria logrando leer y escribir como el resto de sus compañeros, al llegar al secundario esta situación cambia rotundamente. Sólo el 27,6% continúa su educación media. Una de las razones que presenta la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es por la discriminación que ejercen algunos colegios al negarle la matrícula a personas con diversidad funcional. La otra explicación que presenta la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) es que, en el caso de lograr ingresar a una institución educativa, estas no poseen herramientas para la inclusión. Denuncian la falta de docentes integradores, o de espacios físicos acordes para personas con discapacidad motriz.

"Al inicio, Hernando no estaba convencido de ir a este instituto. Él quería ir a una escuela común, donde se enseñara lo que todos aprendían. Costó trabajo hacerle entender que él era distinto", remarca Natalia.

En la actualidad, según la Resolución 1274, vigente desde el 5 de septiembre del 2000, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe promover la integración de alumnos con discapacidad en escuelas comunes. En los años en que Hernando estudiaba, el Ministerio de Educación trabajaba estos casos en menor escala sin una mirada inclusiva; si bien actualmente se avanzó en el proceso, todavía queda por hacer. En ocasiones padres y docentes denuncian que aún con dicha ley no se cumple lo estipulado, el Ministerio de Educación de CABA no se pronunció al respecto, ni tampoco presenta un sistema de denuncias.

A las 17:45 Hernando está cerrando la verdulería, guarda los cajones de verdura en el depósito, se saca el delantal, y sale para tomarse el bondi e irse a su casa. Vuelve a repetir la rutina de lunes a viernes.

Si bien el Proyecto Pedagógico Individual (PPI) representa un avance en la búsqueda de una educación más inclusiva, la realidad demuestra que aún está lejos de cumplir plenamente con ese objetivo. Los casos como el de Hernando evidencian que, más allá de las buenas intenciones, el sistema educativo todavía reproduce prácticas de exclusión. La falta de formación docente específica, el escaso acompañamiento institucional y la inexistente articulación con una salida laboral son limitaciones estructurales que el PPI no logra resolver.

Para avanzar hacia una inclusión real, es necesario implementar acciones tanto desde el ámbito social como gubernamental. Esto implica, por un lado, la adecuación de los Proyectos Pedagógicos Individuales (PPI) que contemplen trayectorias formativas que faciliten una inserción laboral segura. Por otro lado, resulta clave promover instancias de educación y sensibilización sobre convivencia e inclusión en todos los niveles de la sociedad. El objetivo es que estos enfoques se traduzcan en políticas sostenidas y concretas, más allá de las declaraciones formales vacías.