Entrevista a la Licenciada en Ciencias de la Educación Pilar Cobeñas

"La inclusión real se construye

en diálogo con todos"

Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación (UNLP). Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra Pedagogía de la Diversidad (UNLP) y docente a cargo de la materia Enseñanza de las Ciencias e Inclusión (UNLP). Especialista en educación inclusiva en el Ministerio de Educación de CABA. Miembro activo de la Asociación Azul (ONG por los derechos de las personas con discapacidad, Argentina). 

La inclusión educativa en la Argentina actual está atravesada por avances normativos, tensiones pedagógicas y profundas desigualdades estructurales. En ese cruce complejo, Pilar Cobeñas, doctora en Ciencias de la Educación, docente e investigadora especializada en discapacidad y enseñanza en aulas especiales, ofrece una mirada realista y comprometida sobre los alcances y límites del Proyecto Pedagógico Individual (PPI) como herramienta de inclusión.

Con más de una década de trabajo en universidades, en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires como asesora pedagógica y en organizaciones sociales sin fines de lucro, su voz no sólo articula teoría y práctica, sino que interpela al sistema educativo desde una vivencia personal: Pilar tiene un hermano con discapacidad, una experiencia que marcó su sensibilidad y militancia pedagógica.

¿Cómo es la implementación real del PPI en las escuelas de CABA?

Lo que me encuentro muchas veces cuando visito escuelas de CABA es que el PPI se percibe y se utiliza como un instrumento administrativo. Se lo ve como un formulario que hay que llenar para cumplir con lo que se pide desde arriba y no como una herramienta pedagógica real que potencie los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad y los inserte en la sociedad. Y eso, en parte, tiene que ver con que se deja a los docentes completamente solos. El Ministerio no ofrece acompañamiento sostenido, ni formación continua adecuada, ni condiciones de trabajo para que ese PPI se piense en serio. Entonces, frente a esa soledad y esa sobrecarga, muchos docentes terminan repitiendo una frase muy común y que estoy cansada de escuchar: "Esto no es para mí". Es una respuesta defensiva, obvio, pero también es honesta; sienten que no tienen con qué defenderse.

¿Y cómo es posible que los docentes dejen de sentirse solos cuando le enseñan a un alumno con discapacidad?

Yo insisto siempre en que el PPI, para que tenga sentido, tiene que construirse colectivamente. No puede recaer en un solo docente, ni puede ser una copia de otro PPI que funcionó en otra escuela. Tiene que ser situado, pensado desde la singularidad de ese estudiante, de esa escuela, de esa comunidad. Pero eso requiere tiempo institucional, requiere equipos de apoyo que funcionen, requiere voluntad política. Si no están esas condiciones, el riesgo es que sigamos hablando de inclusión pero haciendo más de lo mismo: dejando en el margen a los estudiantes que más necesitan estar en el centro de la escena pedagógica. Al final del día son los más vulnerables.

¿Qué opinas de la Resolución 311, la cual dio lugar al PPI?

Tengo sentimientos encontrados. Hay cosas que estoy a favor y otras en contra. Me parece que plantea un marco normativo claro y progresivo en relación con la inclusión educativa y la Ley 26.206. Reconoce la necesidad de construir un PPI situado, con objetivos, estrategias de enseñanza y criterios de evaluación pensados desde las trayectorias reales de los estudiantes con discapacidad. Plantea algo clave: que el PPI no puede ser una adaptación aislada ni elaborada por una sola persona, sino un proyecto pedagógico institucional, transversal, colaborativo. Eso es valiosísimo. Sin embargo, también veo que en su implementación concreta hay muchas dificultades, y una que me preocupa especialmente es el lugar desdibujado que se le da a la familia.

¿Qué ocurre con las familias de esos chicos?

La normativa menciona a la familia, pero en muchas prácticas escolares su participación termina siendo casi protocolar. En muchos casos, la familia es convocada solo a firmar o a recibir información una vez que el PPI ya fue diseñado por el equipo escolar. Es decir, no se piensa a la familia como parte activa del proceso de enseñanza y aprendizaje de ese estudiante, al final del día estamos hablando de su propio hijo. Y eso es grave, porque se pierde una mirada valiosa, una historia, un conocimiento cotidiano sobre la persona con discapacidad que solo la familia puede aportar. La inclusión real se construye en diálogo con todos.

¿Qué pasa cuando una familia quiere denunciar que no se está cumpliendo el PPI de su hijo o tiene alguna queja importante?

Ese es otro punto que me preocupa muchísimo de todo esto también. Hoy en día, en la Ciudad de Buenos Aires, no hay un canal claro y eficaz dentro del Ministerio de Educación para que una familia pueda denunciar que el PPI no se está cumpliendo o que su hijo no está recibiendo una educación inclusiva como marca la ley. No hay un área que tome esos reclamos de forma institucionalizada, que haga un seguimiento, que actúe. Las familias están desamparadas. El Estado está dejando en banda a los alumnos con discapacidad y a quienes los acompañan. Eso es gravísimo. El Ministerio debería abrir una línea de denuncias, sino queda en la nada.

Cuando una escuela vulnera derechos, cuando un estudiante queda sin apoyos, sin aprendizaje, sin planificación adecuada, no hay instancias reales de escucha o de intervención. Esa ausencia es violencia institucional. Necesitamos con urgencia una política pública que garantice mecanismos de denuncia, pero también de acompañamiento y de reparación. No se trata sólo de señalar lo que está mal, sino de construir respuestas colectivas y sostenidas para que la inclusión deje de ser un especie de lema al aire. Que se vuelva una práctica cotidiana.

¿Fuiste testigo de algún caso donde el PPI fracasó?

Sí, desgraciadamente varios, especialmente en algunas escuelas de CABA. He visto formularios que se nota que hicieron el famoso "copiar y pegar", donde incluso los datos básicos no coinciden, como el género del alumno, que está mal indicado. Por ejemplo, en un PPI de un chico, hay pronombres en femenino, ahí te das cuenta que ni siquiera los revisan desde el equipo docente. Es algo que me indigna mucho, refleja una actitud más administrativa que educativa por parte de ciertos colegios. Es como si se tratara de un trámite sin tener en cuenta la verdadera necesidad de apoyar y acompañar al estudiante de manera personalizada, pareciera que no los ven como seres humanos.

También en otros casos he visto PPI idénticos para diferentes alumnos, lo que muestra que no hay una comprensión real de lo que cada estudiante necesita. Esto no solo es un error en la administración, sino también una falla en la misma institución, que en teoría debería estar comprometida con la educación integral y no solo cumplir con un requisito burocrático y rellenar papelitos.

¿Hablando de cambios, cómo ves el futuro de la educación para personas con discapacidad en Argentina?

Muy buena pregunta esa. Lo veo con una mezcla de esperanza y alerta. Creo que hay cosas que no tienen vuelta atrás: avances que se lograron en términos de visibilidad, derechos conquistados, discursos instalados. Pero al mismo tiempo, no hay garantías absolutas. Todo puede pasar. Pueden aparecer resoluciones que contradigan otras porque en este país todo puede pasar, pueden cerrarse líneas de trabajo que venían funcionando, pueden instalarse discursos conservadores que pongan en duda la inclusión como valor.

Por eso, para mí lo fundamental es el cambio cultural. Si logramos una transformación en la forma en que como sociedad vemos y nos vinculamos con la discapacidad, entonces sí vamos a estar avanzando. Si dejamos de infantilizar, de discriminar, de hacer chistes de mal gusto, y en cambio empezamos a convivir desde el reconocimiento, la convivencia y la igualdad, ninguna norma regresiva va a poder borrar eso. Las leyes pueden ser buenas o malas, pueden cambiar, pero si el cambio es cultural, es mucho más difícil de revertir. Por eso es tan importante trabajar en la formación docente, en las prácticas institucionales, en las narrativas que circulan incluso en los medios de comunicación. Más que nada en la casa, ahí está la verdadera disputa por la inclusión.

La inclusión educativa en la Argentina actual está atravesada por avances normativos, tensiones pedagógicas y profundas desigualdades estructurales. En ese cruce complejo, Pilar Cobeñas, doctora en Ciencias de la Educación, docente e investigadora especializada en discapacidad y enseñanza en aulas especiales, ofrece una mirada realista y comprometida sobre los alcances y límites del Proyecto Pedagógico Individual (PPI) como herramienta de inclusión.

Con más de una década de trabajo en universidades, en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires como asesora pedagógica y en organizaciones sociales sin fines de lucro, su voz no sólo articula teoría y práctica, sino que interpela al sistema educativo desde una vivencia personal: Pilar tiene un hermano con discapacidad, una experiencia que marcó su sensibilidad y militancia pedagógica.

¿Cómo es la implementación real del PPI en las escuelas de CABA?

Lo que me encuentro muchas veces cuando visito escuelas de CABA es que el PPI se percibe y se utiliza como un instrumento administrativo. Se lo ve como un formulario que hay que llenar para cumplir con lo que se pide desde arriba y no como una herramienta pedagógica real que potencie los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad y los inserte en la sociedad. Y eso, en parte, tiene que ver con que se deja a los docentes completamente solos. El Ministerio no ofrece acompañamiento sostenido, ni formación continua adecuada, ni condiciones de trabajo para que ese PPI se piense en serio. Entonces, frente a esa soledad y esa sobrecarga, muchos docentes terminan repitiendo una frase muy común y que estoy cansada de escuchar: "Esto no es para mí". Es una respuesta defensiva, obvio, pero también es honesta; sienten que no tienen con qué defenderse.

¿Y cómo es posible que los docentes dejen de sentirse solos cuando le enseñan a un alumno con discapacidad?

Yo insisto siempre en que el PPI, para que tenga sentido, tiene que construirse colectivamente. No puede recaer en un solo docente, ni puede ser una copia de otro PPI que funcionó en otra escuela. Tiene que ser situado, pensado desde la singularidad de ese estudiante, de esa escuela, de esa comunidad. Pero eso requiere tiempo institucional, requiere equipos de apoyo que funcionen, requiere voluntad política. Si no están esas condiciones, el riesgo es que sigamos hablando de inclusión pero haciendo más de lo mismo: dejando en el margen a los estudiantes que más necesitan estar en el centro de la escena pedagógica. Al final del día son los más vulnerables.

¿Qué opinas de la Resolución 311, la cual dio lugar al PPI?

Tengo sentimientos encontrados. Hay cosas que estoy a favor y otras en contra. Me parece que plantea un marco normativo claro y progresivo en relación con la inclusión educativa y la Ley 26.206. Reconoce la necesidad de construir un PPI situado, con objetivos, estrategias de enseñanza y criterios de evaluación pensados desde las trayectorias reales de los estudiantes con discapacidad. Plantea algo clave: que el PPI no puede ser una adaptación aislada ni elaborada por una sola persona, sino un proyecto pedagógico institucional, transversal, colaborativo. Eso es valiosísimo. Sin embargo, también veo que en su implementación concreta hay muchas dificultades, y una que me preocupa especialmente es el lugar desdibujado que se le da a la familia.

¿Qué ocurre con las familias de esos chicos?

La normativa menciona a la familia, pero en muchas prácticas escolares su participación termina siendo casi protocolar. En muchos casos, la familia es convocada solo a firmar o a recibir información una vez que el PPI ya fue diseñado por el equipo escolar. Es decir, no se piensa a la familia como parte activa del proceso de enseñanza y aprendizaje de ese estudiante, al final del día estamos hablando de su propio hijo. Y eso es grave, porque se pierde una mirada valiosa, una historia, un conocimiento cotidiano sobre la persona con discapacidad que solo la familia puede aportar. La inclusión real se construye en diálogo con todos.

¿Qué pasa cuando una familia quiere denunciar que no se está cumpliendo el PPI de su hijo o tiene alguna queja importante?

Ese es otro punto que me preocupa muchísimo de todo esto también. Hoy en día, en la Ciudad de Buenos Aires, no hay un canal claro y eficaz dentro del Ministerio de Educación para que una familia pueda denunciar que el PPI no se está cumpliendo o que su hijo no está recibiendo una educación inclusiva como marca la ley. No hay un área que tome esos reclamos de forma institucionalizada, que haga un seguimiento, que actúe. Las familias están desamparadas. El Estado está dejando en banda a los alumnos con discapacidad y a quienes los acompañan. Eso es gravísimo. El Ministerio debería abrir una línea de denuncias, sino queda en la nada.

Cuando una escuela vulnera derechos, cuando un estudiante queda sin apoyos, sin aprendizaje, sin planificación adecuada, no hay instancias reales de escucha o de intervención. Esa ausencia es violencia institucional. Necesitamos con urgencia una política pública que garantice mecanismos de denuncia, pero también de acompañamiento y de reparación. No se trata sólo de señalar lo que está mal, sino de construir respuestas colectivas y sostenidas para que la inclusión deje de ser un especie de lema al aire. Que se vuelva una práctica cotidiana.

¿Fuiste testigo de algún caso donde el PPI fracasó?

Sí, desgraciadamente varios, especialmente en algunas escuelas de CABA. He visto formularios que se nota que hicieron el famoso "copiar y pegar", donde incluso los datos básicos no coinciden, como el género del alumno, que está mal indicado. Por ejemplo, en un PPI de un chico, hay pronombres en femenino, ahí te das cuenta que ni siquiera los revisan desde el equipo docente. Es algo que me indigna mucho, refleja una actitud más administrativa que educativa por parte de ciertos colegios. Es como si se tratara de un trámite sin tener en cuenta la verdadera necesidad de apoyar y acompañar al estudiante de manera personalizada, pareciera que no los ven como seres humanos.

También en otros casos he visto PPI idénticos para diferentes alumnos, lo que muestra que no hay una comprensión real de lo que cada estudiante necesita. Esto no solo es un error en la administración, sino también una falla en la misma institución, que en teoría debería estar comprometida con la educación integral y no solo cumplir con un requisito burocrático y rellenar papelitos.

¿Hablando de cambios, cómo ves el futuro de la educación para personas con discapacidad en Argentina?

Muy buena pregunta esa. Lo veo con una mezcla de esperanza y alerta. Creo que hay cosas que no tienen vuelta atrás: avances que se lograron en términos de visibilidad, derechos conquistados, discursos instalados. Pero al mismo tiempo, no hay garantías absolutas. Todo puede pasar. Pueden aparecer resoluciones que contradigan otras porque en este país todo puede pasar, pueden cerrarse líneas de trabajo que venían funcionando, pueden instalarse discursos conservadores que pongan en duda la inclusión como valor.

Por eso, para mí lo fundamental es el cambio cultural. Si logramos una transformación en la forma en que como sociedad vemos y nos vinculamos con la discapacidad, entonces sí vamos a estar avanzando. Si dejamos de infantilizar, de discriminar, de hacer chistes de mal gusto, y en cambio empezamos a convivir desde el reconocimiento, la convivencia y la igualdad, ninguna norma regresiva va a poder borrar eso. Las leyes pueden ser buenas o malas, pueden cambiar, pero si el cambio es cultural, es mucho más difícil de revertir. Por eso es tan importante trabajar en la formación docente, en las prácticas institucionales, en las narrativas que circulan incluso en los medios de comunicación. Más que nada en la casa, ahí está la verdadera disputa por la inclusión.